Informes y estudios
El 37% de las empresas turísticas gasta en burocracia más de 6.000 euros al año
20-junio-2013
El 37% de las empresas turísticas afirma que el pasado año dedicó más de 6.000 euros a cumplir con los trámites administrativos, según los resultados la Encuesta sobre Cargas Administrativas en el Sector Turístico, que han elaborado las Cámaras de Comercio, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De este porcentaje, un 6,6% señala que destina entre 15.000 y 30.000 euros y para un 4% la cifra anual es incluso superior a 30.000 euros. En ese coste económico se contempla el pago de tasas, inspecciones, impresos, desplazamientos, así como los gastos de gestoría o personal dedicado a estas tareas, no los impuestos.
Según la encuesta de las Cámaras -centrada en el sector turístico debido a su aportación al PIB que en 2012 superó el 11%-, los trámites administrativos más costosos, tanto en términos de tiempo como monetarios, son los relativos a la llevanza y legalización de libros contables (44,9%), la presentación de solicitud y documentación para obtener autorizaciones (40,6%) y la inscripción en registros -Registro de Actividades y Establecimientos Turísticos- (35,3%).
Las empresas no perciben la reducción de cargas
Otro de los datos destacables de la encuesta es que, a pesar de que durante los últimos años se han llevado a cabo notables esfuerzos para reducir las cargas burocráticas soportadas, las compañías del sector turístico no lo perciben así. Sólo un 8,8% ha observado en los dos últimos años una reducción real en los trámites administrativos que debe cumplir. Destaca principalmente la mejora asociada a los procedimientos fiscales (56,1% de las compañías) y laborales (34,1%), mientras que en los trámites medioambientales o los relativos a la contratación pública apenas se han percibido avances (9,8%).
Sobre las duplicidades entre Administraciones públicas, las empresas identifican a la autonómica como aquella que incurre en mayores duplicidades, especialmente en el campo de la inscripción de registros (35%) y en la presentación de solicitud y documentación para obtener autorizaciones (31,8%). La Administración General del Estado es la que registra una menor incidencia en este terreno, mientras que la local ocupa una posición intermedia.
De cualquier modo, la trascendencia de las cargas burocráticas para la competitividad de las empresas es especialmente patente en momentos de dificultades económicas como los actuales. Por ello, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han renovado el convenio de colaboración para identificar los trámites más costosos en cada una de las etapas de la vida de una empresa y proponer propuestas de reducción y simplificación, además de tareas de sensibilización y difusión de información al tejido empresarial.
Esta cooperación se inició en 2007 y se ha plasmado en diversas propuestas de medidas concretas para reducir la burocracia, algunas de ellas implantadas como: simplificación de la presentación de cuentas anuales por medios telemáticos; eliminación de la obligación de presentar documentos en el trámite de visado de las autorizaciones de transporte por carretera de mercancía y de viajeros; creación de una base de datos, en el ámbito del Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas, sobre las empresas que solicitan una subvención ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el objetivo de que la Administración no solicite la misma documentación en más de una ocasión; y puesta en marcha de un servicio donde las empresas puedan consultar dudas específicas del proceso de elaboración e implementación del Plan de Igualdad y Manual para elaborar un Plan de Igualdad en un formato editable.
Asimismo, se han puesto en marcha 150 puntos de atención directa a empresas, ubicados en las Cámaras de Comercio, para recabar propuestas de reducción de cargas administrativas y se han distribuido 225.000 folletos divulgativos sobre trámites agilizados. De este modo, las Cámaras de Comercio, como corporaciones de derecho público y gracias a su red territorial y al contacto diario con la empresa, están desarrollando una labor activa en la reducción de cargas administrativas, en colaboración con la Administración General del Estado, como elemento clave para la mejora de la competitividad empresarial.
